¿Era necesario preguntar si Jéssica Rodríguez ofrecía sexo por dinero?

Avanza el juicio contra el exministro José Ávalos, político probadamente abolicionista por sus votaciones a las leyes criminalizadoras del trabajo sexual de 2022 y 2023, y a Jéssica Rodríguez le han preguntado si era prostituta: ¿Es cierto que usted se dedica a la prostitución? El presidente del tribunal ha pedido una reformulación de la pregunta y el abogado la ha parafraseado tal cual lo hubiera hecho chatGPT “¿Su actividad consiste en recibir una contraprestación económica a cambio de sexo?” El presidente la ha admitido.

Los medios ha reflejado la polémica de la pregunta ¿Qué exactamente aclara en un juicio por corrupción la vida sexual de Jésica? ¿Es usted bisexual, promiscua, swinger? ¿Qué tipo de prácticas realiza y cuáles le gustan más? Cualquier otra pregunta de índole sexual se hubiera visto inapropiada, y sin embargo una pregunta de índole sexual ha sido admitida por el tribunal.

Pero además de juzgar por qué el tribunal admite una pregunta inapropiada cabe preguntarse. ¿Por qué todos sabemos que Jésica ofrecía servicios sexuales? La respuesta es porque de manera intederminada los policías, los funcionarios judiciales o los abogados y fiscales han establecido como normal que algunas informaciones se filtren sin remedio en cada juicio importante.

Jéssica Rodríguez expresa en su intervención que desconocía que INECO fuese una empresa pública. No es una administración ni una empresa pública al uso. Es una S.A. y su propia página web deja poco clara su naturaleza. Si INECO no fuera empresa pública Jéssica no habría cometido delito alguno, pero alguien en la cadena de fabricación del proceso judicial decidió que las fotos de los anuncios de Jésica debían de ser publicados para conocimiento de todo el mundo. Casi con seguridad nadie en su entorno hasta ese momento conocían esa condición. ¿Acaso es justicia un proceso tal?

Nosotras expresamos reiteradamente un conjunto de reproches al sistema judicial y policial. Los datos de delictividad de la prostitución tanto en actuaciones policiales (0,6% del global) como en sentencias finales (0,1%) describen una realidad de la prostitución completamente ajena a la que envuelve el discurso que pretende criminalizarlo globalmente. Además de presenciar de primera mano graves carencias de metodología y recibir respuestas desde transparencia de auténtica vergüenza, nos encontramos con que no hay voces dentro la policía ni la judicatura que tengan la franqueza de dar una versión alternativa para explicar el error, la contradicción o el posible análisis de disfunciones si las hay.

Nos toca hoy añadir el reproche de la privacidad ¿Pueden administrar justicia y seguridad aquellos mismos que provocan, toleran o simplemente no son capaces de evitar filtraciones que impactan gravemente en la vida de las personas sin haber mediado delito ni sentencia?