La jerarquía policial actual anula el debate y la capacidad de réplica.
Desde StopAbolicion nos parece importante abrir el debate de la jerarquía policial actual tras la reciente dimisión del DAO (Director Adjunto Operativo) del Cuerpo Nacional de Policia José Ángel González Jiménez a raíz de una denuncia por agresión sexual.
En nuestra asociación conocemos agentes y mandos policiales que nos confiesan en privado que el tratamiento de la prostitución en los medios desde la Policia Nacional y la Guardia Civil no es el adecuado y que nos avalan que los datos del abolicionismo son radicalmente falsos. Sin embargo ninguno se atreve a alzar su voz en público.
La paradoja de los cuerpos policiales españoles es que lo conforman funcionarios de carrera y su estructura es 100% jerárquica, pero al llegar a las cúpulas, los organigramas de mando son puestos ocupados por “libre designación”. Es decir, el jefe político de turno los puede poner y quitar con arbitrariedad. Eso genera una estructura de organización de apariencia meritocrática y funcionarial, pero en la práctica contaminada por las afinidades políticas de los comisarios y oficiales superiores.
A partir de aquí sólo nos queda repasar nuestro itinerario reivindicativo hasta hoy. Ni el Cuero Nacional de Policia ni la Guardia Civil nos saben ofrecer una respuesta de método de cómo estiman un “90% de trata” en el trabajo sexual como proclaman en sus campañas. La Dirección General de la Policía se niega a decirnos quiénes son los máximos responsables de los departamentos policiales contra la trata. El Ministerio de Justicia no nos sabe contestar cuántos delitos de explotación sexual se sentencian en España cada año.
Sabemos que la proporción entre las personas acusadas y finalmente sentenciadas de trata con fines de explotación sexual es pequeña. Lo mismo ocurre con las acusaciones de explotación sexual. Un delito ambiguo a caballo entre la explotación laboral y la coacción sexual que no debería existir en su forma actual y sin embargo genera largas condenas de prisión impensables en otros ámbitos laborales. Escuchamos cada día notas de prensa de acciones policiales que reportan encontrar situaciones dantescas, pero la realidad judicial final dista mucho de la imagen pública generada de grave amenaza y delincuencia generalizada.
Nos gustaría lograr un debate honesto y directo con miembros de los cuerpos policiales dispuestos a desmarcarse del relato antiprostitución actual. Estamos convencidos de que dicho discurso no nace de las instituciones policiales sino de la contaminación política y sus convicciones ideológicas no probadas. Las consecuencias de una futura ley penal no basada en evidencia ni datos reales pero avalada de facto por los cuerpos policiales podrían ser devastadoras.
