El trabajo sexual se oficializa como actividad económica en España.
Y el gobierno oculta deliberadamente la nueva modificación fiscal impulsada desde Europa.
A pesar de la revuelta mediática ocurrida en Italia hace apenas tres meses, la misma modificación en los códigos CNAE para clasificar las actividades económicas incluyendo los servicios sexuales ha tenido lugar en España en total silencio del gobierno, la administración y los medios.
Hasta ahora en España para declarar los ingresos del trabajo sexual autónmo se hacía servir epígrafe alternativo, nunca uno que detallara explíctamente la actividad. Bajo el auspicio de Europa para armonizar sus estadísticas fiscales, la clasificación CNAE 2009 ha sido actualizada este año (CNAE 2025) e incluye ahora una mención específica al trabajo sexual en el epígrafe 96.99.
El epígrafe 96.99 sigue siendo un cajón desastre que aglutina muchas actividades muy diversas pero dicha condición aporta la ventaja de ofrecer cierto grado de discreción personal que podrá facilitar su implementación y uso en la práctica.
Resulta paradójico que este reconocimiento fiscal de nuestra actividad se produzca en medio de la legislatura más agresiva contra nuestro colectivo. Enviamos esta nota en medio del cuarto intento del PSOE de criminalizar globalmente el trabajo sexual en España y después de tres años negándonos la escucha sistemáticamente. Paradójico también que suceda mientras los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO han optado posicionarse en contra de la protección con derechos laborales de nuestra actividad.
Desde StopAbolicion valoramos que es un paso adelante significativo en la normalización de nuestra actividad. Recordamos asimismo que el sector ya cotiza y declara ingresos en una importante proporción a pesar de no haber recibido nunca facilidades para ello, y que el PIB comenzó a incluir cálculos de su volumen económico allá por el 2013. Sólo nos queda insistir una vez más en nuestro brutal silenciamiento y el poco cuestionamiento de cifras publicadas burdamente manipuladas. ONGs como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian con nosotros las violencias y graves daños que supone criminalizar nuestra actividad. Todas las organizaciones médicas coinciden en el impacto negativo de la clandestinidad en la evolución de las ETS en la sociedad y sabemos de las trágicas consecuencias de perseguir policialmente la actividad en Francia, Irlanda y Suecia. En países como Bélgica y Nueva Zelanda se ha dado voz a las trabajadoras y expertos y el resultado ha sido un consenso político que no ha tenido vuelta atrás. ¿Qué más hace falta para que el PSOE acepte que el voto del feminismo radical, presa de pánico sexual prefabricado, acarrea unas consecuencias nefastas para la sociedad y para nosotras?
